Publicado en Crónica el viernes 30 de Enero de 2009
La situación del sistema penitenciario en la ciudad es crítica y exige que tomemos medidas de manera inmediata.
El hacinamiento de nuestros reclusorios supera ya el 60%. Con un cupo para cuatro mil personas, los reclusorios Norte y Oriente tiene una población de 10 mil personas. En celdas que son para tres internos duermen más de 10 y en otras donde caben cinco son habitadas por más de 20.
En una encuesta realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el 20% de los internos afirmaron que no se sentía seguro en su celda, 56% han sufrido robos en la institución–algunos hasta en más de 10 ocasiones– y 10% reportó haber sido golpeado por custodios o por otros internos.
La población total se aproxima a los 200 mil internos en todo el país y hay que subrayar que el 57% de ellos están en proceso y no han recibido una sentencia.
Las condiciones actuales de las cárceles no permiten ni favorecen la readaptación de los internos a la sociedad. Los abusos y la violencia con la que son tratados atenta de manera grave contra sus derechos humanos y su dignidad.
A finales del 2007 se acordó la instalación de una mesa interinstitucional integrada por el gobierno de la ciudad, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la CDHDF; sin embargo, esta situación sigue vigente y agravándose.
Es imperativo proponer nuevas fórmulas que atiendan a las características y gravedad del delito cometido, implementar medidas innovadoras que permitan la reparación del daño con reclusión preventiva en espacios abiertos o en situación de libertad condicionada que eviten la saturación de los centros penitenciarios, así como también mejorar la procuración de justicia, garantizando que los internos sean incentivados en educación, cultura, deporte y capacitación para obtener empleos, con el fin de lograr una readaptación social exitosa. Para muchos reclusos, la cárcel debe significar una segunda oportunidad.
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